El trabajo presenta una síntesis de los debates desarrollados en el taller “Transformaciones Socio-Ecológicas en áreas de montaña. Enfoques, debates y perspectivas”, organizado en Innsbruck por el equipo del proyecto Highlands.3 El encuentro propuso actualizar enfoques conceptuales sobre las transiciones y transformaciones socioecológicas, promoviendo el diálogo entre perspectivas del Norte y Sur global desde una mirada crítica, situada y multidisciplinaria. La discusión partió del análisis de dos textos clave (Köhler et al., 2019; Brand y Wissen, 2017), que introducen nociones de transición y transformación, desde marcos asociados a la ciencia y tecnología y a la ecología política, respectivamente. A partir de estos, se problematizaron las limitaciones geopolíticas, epistemológicas y metodológicas de ciertos enfoques dominantes, subrayando la relevancia de perspectivas feministas, decoloniales y latinoamericanas. Se destacó el rol central de los conflictos ambientales, la participación y las formas comunitarias de organización en los procesos de Transición Socio-Ecológica en América Latina, muchas veces no conceptualizados bajo ese término. El taller puso en tensión las narrativas hegemónicas del desarrollo sustentable, visibilizando cómo las transiciones energéticas globales pueden reproducir lógicas extractivistas. Finalmente, se propuso una reflexión sobre la construcción del territorio desde el sentir-pensar-practicar, promoviendo un enfoque relacional, crítico y no antropocéntrico de la transformación socioecológica.

En Argentina las zonas de explotación de litio coinciden mayormente con territorios ancestrales habitados por los pueblos indígenas. La presencia de tales comunidades involucra derechos a la autonomía y la autodeterminación que fácilmente entran en tensión con los intereses del Estado y de las diversas empresas que operan en el territorio. En el presente artículo analizamos las estrategias que despliegan los actores indígenas ante el incumplimiento de derechos constitucionalmente reconocidos. A partir de un estudio realizado en las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, entre 2009 y 2019, se demuestra que frente a derechos constitucionales incumplidos las comunidades indígenas han desplegado una estrategia acumulativa y complementaria sustentada en su derecho a la autodeterminación. El análisis y la información presentada en este trabajo se desprende de dos técnicas de recopilación de datos: el análisis y sistematización de documentos primarios y secundarios y las entrevistas en profundidad a actores del territorio. Se concluye que en un marcado contexto de juridificación las comunidades indígenas emplearon en forma combinada la acción judicial-legal, la acción directa y la acción de reinterpretación comunitaria con el objetivo de exigir sus derechos a decidir el respeto a su territorio, a sus formas de vida y producción, y a su propia subsistencia como comunidad.

El artículo estudia teórica y empíricamente las estrategias que despliegan los actores empresarios con el objetivo de bloquear el avance de políticas o regulaciones ambientales que puedan poner un límite a la expansión de sus proyectos productivos. Los casos seleccionados son tres sectores productivos (hidrocarburos, minería metalífera y ganadería) en tres provincias argentinas (Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego). Para esta investigación se utilizaron dos técnicas de construcción de datos: el análisis y sistematización de documentos y entrevistas en profundidad efectuadas a actores empresarios y estatales. Los resultados muestran que los empresarios despliegan combinadamente tres tipos de acciones para incidir en las regulaciones ambientales: el uso del peso económico del sector en la economía provincial, la legitimidad social y los links con funcionarios estatales provinciales.

En América Latina hubo un incremento en la formulación de políticas promotoras de la pro-tección ambiental. Sin embargo, distintos trabajos muestran que hay diferencias entre sectores productivos. En Argentina, el federalismo ha posibilitado la emergencia de políticas desiguales en materia de recursos naturales. ¿Cuáles son las causas que explican el avance desigual de las políticas ambientales en las provincias de este país? La hipótesis es que tales políticas logran un más probable avance cuando no compiten con actividades productivas y no perjudican a sectores económicos de peso. En estos contextos, las acciones de las coaliciones proteccionistas tendrán mayores posibilidades de incidir sobre la toma de decisión estatal. El estudio compara ocho pro-vincias en tres áreas: bosques nativos, hidrocarburos y minería, entre 2007 y 2017, empleando entrevistas y datos económicos y políticos.

En las últimas décadas, los gobiernos de América Latina impulsaron la explotación de recursos naturales a gran escala mediante el uso de técnicas y productos químicos considerados nocivos para la salud y el ambiente (Black et al. 2021). Este modelo ha generado una creciente conflictividad social entre dos coaliciones heterogéneas que disputan la promoción o la restricción de dichos desarrollos productivos. En sistemas federales de gobierno, es posible observar una importante heterogeneidad de respuestas políticas asociadas a los recursos naturales, lo que refleja una variada incidencia de las coaliciones de actores. En Argentina, por ejemplo, las coaliciones anti-extractivistas lograron impulsar políticas restrictivas en algunas provincias, mientras que en otras no tuvieron éxito y se adoptaron políticas productivistas. Incluso, en varias provincias se registra un avance contradictorio, promoviendo el uso de ciertas sustancias o técnicas y restringiendo otras con impactos ambientales similares. Frente a estos escenarios diversos, esta tesis busca responder: ¿Qué factores explican la incidencia de las coaliciones en las políticas provinciales de recursos naturales? El argumento que guía la investigación es multicausal y sostiene que la capacidad de incidencia de las coaliciones varía entre provincias según la interacción entre factores internos y externos. El factor interno se refiere a la composición de las coaliciones, mientras que los factores externos incluyen la configuración de la matriz económica provincial y el grado de competitividad del sistema político. Para examinar esta hipótesis, se realizó un estudio comparativo de dos sectores extractivos —minería metalífera y fracking— en cuatro provincias: Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro, durante el período 2003-2023. Además, se incorporaron dos casos auxiliares para fortalecer la comparación: la regulación del fracking en Entre Ríos y la política minera en San Juan. La investigación se basó en 93 entrevistas semiestructuradas con actores clave, análisis documental y elaboración de datos económicos y políticos provinciales. Argentina constituye un laboratorio relevante para este tipo de estudios debido a la variedad de respuestas subnacionales. En el caso de la minería metalífera, se observan rutas divergentes, con políticas que oscilan entre la promoción y la restricción. Este sector muestra una mayor permeabilidad por parte de los actores políticos e institucionales para atender las demandas restrictivas. Por el contrario, en el caso del fracking, el escenario aparece más inclinado: las coaliciones anti-extractivistas enfrentan condiciones menos favorables para tejer acuerdos con actores políticos y contrarrestar las narrativas asociadas a la soberanía energética.

El método del fracking produjo fuertes rechazos en las provincias argentinas ante los riesgos ambientales y sus posibles impactos en términos socioeconómicos. Así, surgieron resistencias sociales que buscaron limitar el avance de la explotación de hidrocarburos bajo la técnica del fracking. Sin embargo, los resultados de sus esfuerzos han sido disímiles. Ante esto, el artículo se pregunta qué determina que en ciertas provincias las resistencias sociales logren su objetivo de impedir el fracking mientras que en otras no. A partir de un análisis de los casos de Entre Ríos y Neuquén, el argumento general afirma que los avances o las restricciones subnacionales a la explotación del fracking se relacionan con las particularidades económicas y políticas de cada provincia y por cómo las mismas configuran distintos niveles de “incentivos económicos” y de “preocupación por la conflictividad social” en cada gobierno subnacional.